El cambio climático es una realidad. Existe un amplísimo consenso entre los científicos en que la causa de todo ello son las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Estas emisiones y su constante aumento son responsables de un aumento de las temperaturas, aumento que seguirá produciéndose en las próximas décadas, hasta alcanzar niveles de entre +1,4° C y +5,8° C en todo el planeta de aquí a 2100 con respecto a las temperaturas de 1990, según el Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sobre la base de un análisis de los efectos del cambio climático y de los costes y beneficios de una acción en este ámbito, la Comisión considera que en la futura estrategia de la Unión Europea (UE) en materia de cambio climático deben integrarse una serie de elementos.
Los beneficios de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan principalmente de la prevención de los daños resultantes del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar y las inundaciones, la reducción de los recursos de agua potable, los riesgos para la salud, la modificación de los ecosistemas, los perjuicios para las economías basadas en la agricultura o el turismo, la multiplicación de los riesgos de incendio y de fenómenos climáticos extremos (tempestades, olas de calor), el aumento consiguiente de los costes y gastos en materia de seguro, etc. Sin embargo resulta difícil evaluar de forma precisa el importe de los beneficios de tal acción. Por otra parte, las distintas regiones y los sectores económicos no se verán afectados del mismo modo en la Unión Europea.
También resulta difícil evaluar los costes de la acción, costes que se deberían, principalmente, a la reestructuración de los sistemas de transporte y de producción, así como a la utilización de la energía. Por otra parte, estos costes aumentarían significativamente en caso de inacción por parte de los otros grandes países productores de gases de efecto invernadero. Según la Comisión, una política de lucha contra el cambio climático menos ambiciosa no es una buena alternativa, ya que no permitiría lograr los objetivos fijados e implicaría costes suplementarios debidos al cambio climático.
